DEMOCRACIA EN VENEZUELA

Ricardo Vilchez Navamuel

Marvin Herrera Araya

Toda persona que abrace con profundas convicciones la democracia en lo sustantivo y en lo procedimental y todo partido de sólidos fundamentos democráticos, republicanos y humanistas deberían levantar la voz – que resuene y haga eco en el continente americano – en favor del maltratado pueblo venezolano, el que está sufriendo hambre, desabastecimiento de medicinas y alimentos básicos, la muerte de sus niños y ancianos, represión, desempleo, el cierre de fuentes de trabajo privados y, primordialmente, la pérdida de sus libertades fundamentales y su derecho de manifestar sus inconformidades a un gobierno autoritario, a punto de convertir a ese hermano país interamericano – en la segunda década del Siglo XXI -  en una dictadura que recurre a la fuerza y al castigo de un pueblo que clama por sus derechos humanos, que ha mostrado mayoritariamente su rechazo al Gobierno de Nicolás Maduro y que exige pacíficamente la oportunidad de vivir dignamente en la tierra que lo vio nacer.

La tragedia humanitaria que vive este pueblo venezolano no puede pasar desapercibida para los partidos, los congresos nacionales, senados y países democráticos. Para satisfacción nuestra 34 expresidentes de países latinoamericanos, cuatro son de Costa Rica y dos de España, sí han levantado su autorizada voz en favor del pueblo venezolano, de la democracia, de las libertades fundamentales y de los derechos humanos.

Esta gravísima y reprochable situación de Venezuela con efectos dañinos para su vida institucional, su ya deteriorada economía, la cruda situación social y política de su pueblo, debe llevar a los países democráticos del continente, firmantes de la Carta Democrática Interamericana, aprobada en septiembre de 2001, ante la visible “alteración del orden constitucional que (afecta) gravemente su orden democrático” (Artículo 20), el de Venezuela, a solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para examinar, desde el ángulo diplomático, la situación que vive este hermano pueblo.  Órgano interamericano que, dependiendo del curso de las gestiones diplomáticas del caso, podría tomar la decisión de “suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA  con el voto afirmativo de dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato” (Artículo 21).

Aceptando que la paz y la estabilidad política y social de un país es necesaria para la paz y la tranquilidad de países colindantes o miembros de una colectividad de países, es pertinente citar aquí – en este breve llamado por la vigencia y promoción de la democracia en el Continente – los dos primeros artículos de la susodicho Carta: “Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla/La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”. “Artículo 2. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho…La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional”.

Resulta oportuno mencionar que la Carta de marras en su articulado se ocupa de los derechos humanos, del desarrollo integral, del combate a la pobreza, del fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática y la promoción de la cultura democrática. La pregunta que debe hacerse es ¿cómo responde el Gobierno de Nicolás Maduro a estos alcances democráticos de la Carta firmada por su país en el 2001?