De Ricardo Vilchez Navamuel
La comunicación recibida por el Lic. Rafael Ángel Calderón de
parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) no solo es
importante para el Ex-Presidente y su
familia, sino también para todos los
costarricenses.
Después de 6 años de haber presentado una demanda por la
violación de al menos 11 derechos
fundamentales; recibe una misiva que
en resumen dice así: “… se acepta el caso presentado por don Rafael Ángel y le da al Estado Costarricense 3 meses de
plazo para responder por la violación de esos derechos durante el proceso penal”.
Que la CIDH acoja semejante demanda de parte de un
Ex-Presidente de Costa Rica al que se le reconoce su tradición demócrata y por ser
defensor de los derechos humanos; nos pone
en alerta y nos hace ver, que esto va más allá de don Rafael Ángel y de su familia, que hay indicios de la violación de estos derechos en Costa
Rica y que por la tanto -según lo comprendemos- la CIDH pone especial atención,
pues resulta de especial importancia para
todos los costarricenses.
Desde ya y probablemente como resultado de todo lo que surja
de ello, las instancias que competen especialmente a las partes
acusadoras dentro de nuestro sistema judicial, deberán de poner “las barbas en remojo” para que por ejemplo
el principio de inocencia que debería de ser sagrado en nuestro país vuelva a
ser restituido dentro de nuestro sistema judicial.
La CIDH, según interpretamos acoge la demanda no solo porque
se pueden haber violado once derechos fundamentales en este caso particular,
sino también porque si ha hecho con un Ex-presidente, de seguro lo habrán hecho con otras personas,
es una llamada de atención al Estado Costarricense.
Antes de proceder a encarcelar y acusar a una persona, las
instancias judiciales deben de hacer un trabajo de investigación más profundo, para
tener una certeza suficientemente fuerte, que no permita precipitarse por
asuntos meramente mediáticos, pues un
error de esta magnitud, lleva por un
lado al desprestigio del sistema judicial y de nuestro sistema democrático y
por otro, al sufrimiento de la persona involucrada y su entorno familiar.
Si la CIDH acogió esta demanda, debe de estar muy bien
sustentada pues sabemos que tan solo el 10% de ellas son aceptadas. Esperaremos
a ver que responde el Estado Costarricense, aunque pareciera, va a tener que
admitir que en este caso se violaron los derechos humanos y por lo tanto, muy
probablemente la condenatoria no procede.
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